La cláusula suelo es un tipo mínimo de interés que no permite que el deudor hipotecario pague menos cuando el euríbor está por debajo, de ese mínimo fijado en el contrato. O dicho de otro modo, es el interés más bajo que vamos a pagar , pase lo que pase, durante toda la vida de la hipoteca. De esta forma aunque el euríbor que suele ser el tipo de interés de referencia utilizado por los bancos esté muy por debajo de ese mínimo establecido en la hipoteca, los bancos nos cobran los intereses calculados a ese mínimo establecido en la escritura del préstamo, por lo que perdemos mucho dinero que nos ahorraríamos si se eliminase ese mínimo o "suelo" fijado por el Banco.

No obstante, los bancos no están obligados a quitarlo ni rebajarlo a no ser que un juez diga lo contrario .

Sin embargo, en mayo de 2013 una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó la nulidad de estas cláusulas, siempre y cuando no haya habido información transparente por parte del banco o pueda inducir a equívocos.

Así, hay 3 supuestos en los que el hipotecado puede demandar al banco por abuso relacionado con estas cláusulas:

  1. Cuando no se ha firmado la oferta vinculante o en ella no figuraba el suelo. 
  2. Cuando hay una gran diferencia entre suelo y techo o cuando no existe techo pero sí suelo. 
  3. Si a pesar de constar suelo y techo en el contrato, el cliente no fue debidamente informado de lo que firmaba.

La Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios -más conocida como Ley antidesahucios-, amplió los casos en que el deudor puede oponerse a la ejecución iniciada por el acreedor -normalmente la banca-, introduciendo la posibilidad de que éstos aleguen la existencia de cláusulas abusivas durante ese proceso. Hasta entonces, la pérdida de la vivienda durante un procedimiento de ejecución era prácticamente automática, por lo que el objetivo de la reforma era paralizar el proceso y permitir que se debata el fondo el contrato antes de que sea demasiado tarde y el deudor pierda su inmueble.

Este cambio se introdujo, precisamente, atendiendo a las exigencias de otra sentencia del TJUE, de 14 de marzo de 2013, que consideró que el procedimiento de ejecución hipotecaria español desprotegía al consumidor, al abocarle a una ejecución directa sin el necesario análisis de su contrato.

Abundando en esta línea, el Tribunal europeo en su sentencia de 17 de julio de 2014 asegura que va contra el derecho comunitario que, tal y como prevé ahora la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el deudor ejecutado no pueda recurrir la resolución por la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional ejecutante sí puede interponer recurso contra la resolución que acuerde la paralización de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva. Tal situación provoca que la protección al consumidor sea, en estos casos "incompleta e insuficiente", por lo que el proceso "disminuye la efectividad de la protección al consumidor".

El punto de partida se encuentra en la nueva redacción del artículo 695.4 de la LEC. Según denunció la Audiencia Provincial de Castellón-responsable de la petición de decisión prejudicial ante el TJUE-, este precepto, retocado en 2013, permite interponer recurso contra la resolución que, estimando la oposición a la ejecución hipotecaria formulada por el deudor, ponga fin al procedimiento de ejecución hipotecaria. Sin embargo, no permite que "el deudor cuya oposición haya sido desestimada interponga recurso de apelación contra la resolución judicial de primera instancia que ordene la continuación del procedimiento de ejecución".

Así, para los jueces de la Audiencia Provincial, existen dudas sobre la compatibilidad de esta previsión con el objetivo de protección al consumidor que establece la Directiva 93/13, así como con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Tribunal europeo, en fallo del que es ponente el magistrado Egils Levits, acoge este criterio, y lo hace asegurando que el sistema procesal español, en caso de que se desestime la oposición formulada por el consumidor contra la ejecución hipotecaria, "expone al consumidor, o incluso a su familia, al riesgo de perder su vivienda como consecuencia de la venta forzosa de ésta, siendo así que el juez que tramita la ejecución, en su caso, habrá llevado a cabo, a lo sumo, un examen somero de la validez de las cláusulas contractuales en las que el profesional fundamentó su demanda".

Así, la tutela que el consumidor podría obtener de un examen judicial distinto, en un proceso declarativo paralelo a la ejecución, "no puede paliar el mencionado riesgo", puesto que, aun suponiendo que tal examen desvele la existencia de una cláusula abusiva, el consumidor no obtendrá una reparación in natura de su perjuicio, que le reintegre a la situación anterior al despacho de la ejecución del bien inmueble, sino que obtendría sólo una indemnización.

Por todo ello, el TJUE concluye que la norma "pone en peligro" el objetivo de la Directiva.

Y en consecuencia con lo anterior, en virtud de la disposición final tercera de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal («B.O.E.» 26 mayo).Vigencia: 27 mayo 2015, se reformó en número 4 del art. 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ahora prevé la posibilidad de interponer recurso de apelación frente a la resolución que desetime la oposición a la ejecución hipotecaria basada en la existencia de cláusulas abusivas.

 

Pitada al Himno Nacional durante la Copa del Rey: quién puede ser responsable y por qué.

 

En los últimos días hemos vivido un ambiente repleto de polémica a raíz de la abrumante pitada que recibieron tanto S.M. el Rey como el himno español, el pasado día 30 durante la disputa de la Copa del Rey en la que participaban el Athletic de Bilbao y el F.C. Barcelona.

Habiendo opiniones para todos los gustos, aquí vamos a centrarnos en analizar qué permite y qué no permite la ley en estos casos.

Muchos recordarán, un antecedente prácticamente idéntico al sucedido en el Camp Nou; estamos hablando de la final de la Copa del Rey disputada el 13 de mayo de 2009 en Valencia entre los mismos equipos que este pasado sábado. En aquel momento la Fundación de Defensa de la Nación Española (Denaes) se querelló contra el colectivo de Catalunya Acció y la plataforma pro selecciones vascas Esait como supuestas responsables de la organización de la protesta que consistió, también, en una monumental pitada al himno nacional y al Rey.  Denaes consideraba que se había injuriado al Rey y se había hecho apología del odio  nacional.  Sin embargo, la Audiencia Nacional archivó la querella entendiendo que la “pitada” estaba amparada y justificada bajo el derecho fundamental a la libertad de expresión y no sólo eso, si no que “no pueden considerarse difamatorias, injuriosas o calumniosas ni tampoco propugnan el odio nacional” refiriéndose a la colocación de pancartas con mensajes negativos hacia España.

En esta ocasión parece que la polémica ha llegado demasiado lejos, y ha motivado que la Comisión contra la Violencia del Ejecutivo se haya reunido este Lunes para estudiar posibles sanciones, pero ¿Cuáles pueden ser y contra quién?. Podemos identificar a dos posibles responsables ante lo acaecido el pasado sábado en Barcelona, que son los organizadores y las aficiones.

En este caso la organizadora en exclusiva de la Copa del Rey es la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que podría ser sancionada en virtud de lo establecido en el art. 21 de La Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte en relación con las definiciones de la misma ley en su art. 2. Todo se dejará a las manos de la interpretación de cara a afirmar o denegar la existencia de cánticos que constituyan un acto manifiesto de desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo o aquellos que contengan mensajes vejatorios o intimidatorios o inciten al odio entre personas, entre otros.

Por otro lado, el código disciplinario de la RFEF también prevé en su articulado, en concreto el art. 15 que “cuando con ocasión de un partido se altere el orden, se menoscabe la integridad de árbitro, jugadores (…) se exhiban símbolos o se profieran cánticos o insultos racistas, xenófobos o intolerantes, o se perturbe el normal desarrollo del partido, incurrirá en responsabilidad el club organizador de mismo (…) el organizador del encuentro será también responsable cuando estos hechos se produzcan como consecuencia de un mal funcionamiento de los servicios de seguridad por causas imputables al mismo". En virtud de esta redacción nos preguntamos ¿La RFEF se va a sancionar a sí misma como organizadora de la competición?

El art. 22 de la anteriormente citada ley narra las infracciones de las personas espectadoras, pero ¿Cómo sancionar al grueso de espectadores en un Camp Nou abarrotado? Parece que la solución podría pasar por sancionar a los clubes, y aquí estaríamos ante el mismo caso que la RFEF.

En las últimas horas, además, se ha hablado de la existencia de varias plataformas que repartieron los silbatos provocando y animando la enorme pitada. De ser cierto, podrían enfrentarse también a grandes penalizaciones.

En cuanto a las sanciones estaríamos hablando de infracciones calificadas como muy graves y por lo tanto sancionadas con una multa de entre 60.000,01 a 650.000 €.

Sólo nos queda esperar a la Comisión contra la violencia que dará a conocer a partir de las 19.00 horas las posibles sanciones.

 

 

Ángela Barros Bouza. 

LLM International Sports Law

 

 

 

 

¿Contrataría a un hacker para espiar las redes sociales de su pareja o cambiar sus notas de la universidad? En un principio, la mayor parte de la gente respondería no. Sin embargo, páginas web como Hacker's List o Hacker For Hire creen que muchas personas necesitan los servicios de estos especialistas tecnológicos para realizar tareas que no están a su alcance.

Ahora, la cuestión es saber si lo que ofrecen estas plataformas es legal o ilegal. Solicitar a un hacker que recupere una contraseña olvidada de una cuenta de correo electrónico no parece entrañar ningún delito. Sin embargo, todo cambia cuando los usuarios piden que ese mismo especialista se haga con la base de datos de un negocio rival, cambie los datos de un fichero oficial o acceda a la cuenta de Facebook de una pareja por una supuesta infidelidad.

"Existen dos tipos de hacking, el ético y el delictivo. En el caso de Hacker's List, la mayor parte de las propuestas de servicios ofrecidas son operaciones que originan delitos tipificados en nuestro Código Penal, lo que significa que este tipo de página es totalmente ilegal y no podría existir en España", explica Alejandro Touriño, socio de tecnología de la información de Ecija.

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